Bodegas mendocinas obtienen casi $14 millones para aumentar su competitividad
Once bodegas artesanales de San Rafael, Mendoza, obtuvieron un fuerte financiamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo nacional para aumentar la eficiencia económica y la sustentabilidad ambiental en la producción de uva y la elaboración de vino, y facilitar la actividad turística de los productores.
El proyecto del clúster de 11 elaboradores de vino, acompañados por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), logró un financiamiento de $13,97 millones a través del Programa Soluciona del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. El “Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conocimiento” fue creado en 2020, en la órbita de la secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial externa del ministerio de Desarrollo Productivo. Tiene el objetivo de brindar asistencia financiera a personas jurídicas para favorecer la reactivación económica del país mediante el desarrollo y/o la implementación de soluciones, productos y/o servicios innovadores generadas por los sectores de la economía del conocimiento, orientadas a brindar soluciones que atiendan a las problemáticas sanitarias, económicas y productivas generadas por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus.
La pandemia exacerbó “los problemas de competitividad en el sector vitivinícola, debido a los altos costos de producción y a la dificultad de acceso a tecnologías que ya enfrentaba la elaboración de vino y producción de vid a pequeña escala productiva, en las distintas zonas vitivinícolas”, explicaron hoy desde la Coviar. Frente a clientes que valoran cada vez más una producción sustentable, aparece el atributo de la “seguridad sanitaria en la producción agroindustrial”, lo que genera costos adicionales significativos e impacta en la sostenibilidad de la vitivinicultura local y la preservación del entramado socio-productivo.
Los destinatarios del proyecto son 11 elaboradores y viticultores nucleados a través del Centro de Desarrollo Vitícola de San Rafael cuyas explotaciones alcanzan un total de 36 hectáreas de superficie y poseen una capacidad de elaboración de 132.000 hectolitros de vino. El objetivo del proyecto es contribuir a aumentar la competitividad y conciliar la búsqueda de sustentabilidad, eficiencia y mayor productividad en el uso de recursos desde el viñedo hasta la bodega. Con estos fondos, el grupo podrá adquirir equipamiento como drones, ozonizadores, equipos de energía solar y maquinaria agrícola, para llevar adelante una vitivinicultura de precisión.
David Marangi, presidente de la Asociación de Viticultores del Sur, explicó que: “El proyecto tiene como objetivo disminuir el consumo energético, optimizar los sistemas de sanitización de las bodegas, la implementación de tecnología que permita optimizar el recurso hídrico para riego y la disminución del uso de agroquímicos y herbicidas”. La agrupación nuclea a unos 30 productores y elaboradores de vinos de San Rafael y General Alvear, y trabaja en articulación con el Centro de Desarrollo Vitícola (CDV) que gestionan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Coviar en la región.
Pablo Asens, vicepresidente de Coviar, sostuvo que: “El objetivo está dentro de los ejes centrales que establece la actualización del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) al 2030, como son la sustentabilidad y el desarrollo del turismo del vino, y es muy importante para estos pequeños productores que empiezan a transitar el camino de transformarse en bodegueros”.
¿Qué es el PEVI 2030?
El Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2030 es un espacio abierto y participativo de definición, coordinación y acción colectiva que proyecta el desarrollo de la vitivinicultura para los próximos diez años. La vitivinicultura argentina tiene un plan que expresa la decisión de diseñar, conjuntamente con todos los actores del sector, acciones integrales, promotoras del desarrollo y la innovación. Y, sobre todo, que resulten del compromiso y la articulación de todo el entramado productivo e institucional. Fortalecer la cadena de valor es, definitivamente, propiciar las mejores condiciones para cada eslabón, con el bien común como guía para enfrentar los desafíos y potenciar las oportunidades que se nos presentarán en los próximos diez años.
Como sector productivo, la vitivinicultura argentina consolida un proceso de innovación social y planificación estratégica sin precedentes que se inició con el siglo XXI, y tuvo en 2004 un hito de legitimación con la aprobación unánime de la Ley Nacional 25.849, que estableció la creación de la Corporación Vitivinícola Argentina, la Coviar, como persona jurídica de derecho público no estatal. Ahora, este camino suma un pilar fundamental al actualizar y ampliar sus ejes y objetivos. Y los reenfoca en función de los aprendizajes, logros y ajustes necesarios junto con la lectura crítica y constructiva de una actividad hoy presente en 18 provincias, que se diversifica y crece.
En 2018 comenzaron a pensar en esta instancia de actualización y fue el INTA quien asumió la conducción metodológica con el fin de diseñar un esquema consultivo abierto, participativo y democrático que pudiera llegar a todas las regiones productoras; a todos los actores del sector. Así, durante 2018 y 2019 un equipo de más de 30 técnicos, profesionales y dirigentes, de los sectores público, privado y académico, convocaron a productores, empresarios y referentes de todos los espacios vitivinícolas a los talleres de construcción de este plan. Fueron ámbitos plurales de trabajo en los que se relevaron necesidades, problemáticas, críticas, propuestas; y donde fundamentalmente se gestó este plan que es una hoja de ruta, enriquecida con la participación y el debate abierto a entidades científicas, empresarias, productivas y profesionales de todo el país.
Más de 1.500 referentes de toda la cadena vitivinícola, junto al invalorable aporte de los gobiernos de las provincias vitivinícolas y de organismos del Estado Nacional, sumaron sus consideraciones a los documentos de trabajo. Ya en 2020, con una realidad marcada por la pandemia del COVID-19, este proceso continuó con reuniones virtuales. El factor común de todos los encuentros siempre fue la búsqueda del consenso como eje articulador.
El plan de la vitivinicultura argentina para los próximos diez años expresa la mirada de los actores que aportaron al debate y a una construcción colectiva, trascendiendo su realidad parcial. Sabemos que, en los nuevos escenarios, locales y globales, la planificación es la única herramienta de acción posible para orientar los esfuerzos tanto del sector público como del privado y encauzar la definición de políticas públicas en un aceitado mecanismo de articulación público y privado.
La actualización del Plan Estratégico Vitivinícola es un proceso abierto de aprendizaje y mejoras continuas, siempre participativo. Define objetivos estratégicos y líneas de acción específicas sobre la base de valores como el respecto por la diversidad y pluralidad de actores, la sostenibilidad económica, social y ambiental desde la producción primaria a los mercados del mundo a través de la integración, con un horizonte más cercano en el tiempo y con la definición de metas medibles y cuantificables. E innova con un especial foco puesto en lo ambiental, lo social y el efecto dinamizador que tiene el turismo del vino.
El PEVI2030 es la visión de futuro de la vitivinicultura argentina. Fija metas ambiciosas pero cumplibles, necesarias para ordenar y conducir esfuerzos. Marca un camino plural donde el todo se fortalece con la suma de las partes buscando el bien común de la vitivinicultura.
Fuente: El Agrario.
